La calma que antecede al huracán parece una imagen adecuada para describir el clima que se vive por estos días en los tribunales de Comodoro Py en general y en la causa ANDIS en particular. A la feria judicial de verano le queda apenas una semana y, con la reanudación de la actividad el próximo 2 de febrero, se esperan definiciones de alto impacto en un expediente de extrema sensibilidad para la Casa Rosada.

La primera de esas definiciones está vinculada a la continuidad del juez Sebastián Casanello al frente del Juzgado Federal N°11, donde se tramita la causa por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. El próximo 12 de febrero vencerá su subrogancia al frente de ese tribunal, que permanece sin juez titular desde la muerte de Claudio Bonadío.

Casanello desembarcó en el Juzgado Federal 11 el 12 de febrero del año pasado, luego de que finalizara la subrogancia de Julián Ercolini. Meses después, ese tribunal quedó a cargo de la denuncia originada a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El magistrado tomó el caso y decidió delegar la investigación en el fiscal federal Franco Picardi.

Cuando estalló el escándalo que dinamitó la estrecha relación entre Spagnuolo y el presidente Javier Milei —a quien el ex funcionario representaba como abogado en diversas causas judiciales—, el vencimiento de la subrogancia de Casanello parecía un asunto lejano. Sin embargo, la fecha se aproxima rápidamente y una de las primeras decisiones que se esperan tras el reinicio de la actividad judicial es si el juez continuará o no al frente del juzgado y, en consecuencia, de la causa ANDIS.

La definición está en manos del presidente de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, quien asumió ese cargo en diciembre pasado. El camarista tiene dos alternativas: prorrogar la subrogancia de Casanello por un año más o disponer la realización de un sorteo que determine qué juez o jueza quedará a cargo del tribunal.

Según fuentes judiciales, lo habitual sería que en los primeros días de febrero Bruglia se comunique con Casanello para consultarle si está en condiciones de continuar en el cargo por otro período. En caso de que el magistrado decline esa posibilidad, se abriría una ronda de consultas con otros jueces para cubrir la vacante.

Si bien el vencimiento de una subrogancia es un hecho frecuente en un fuero atravesado por la falta de jueces titulares, el caso del Juzgado Federal 11 tiene un condimento adicional que eleva las expectativas. Allí se investiga la primera causa por presunta corrupción que golpeó de lleno a la gestión libertaria.

Por ese motivo, la continuidad o no de Casanello no pasará inadvertida en la Casa Rosada. El magistrado no figura entre los jueces que el oficialismo observa con simpatía, en parte por su perfil independiente y por ser considerado impermeable a cualquier intento de injerencia política en los expedientes que tramita.

A diferencia de lo ocurrido durante el macrismo, el mileísmo tampoco logró consolidar hasta ahora una red de operadores judiciales con conocimiento profundo de la dinámica interna de Comodoro Py y acceso fluido a los despachos donde se definen las causas de alto impacto político.

Más allá de quién continúe al frente del juzgado, lo cierto es que la causa ANDIS seguirá en manos del fiscal Picardi. No obstante, si se designa un nuevo juez subrogante, este podría decidir revocar la delegación de la investigación y reasumir el control directo del expediente.

La definición sobre la continuidad del juez llega, además, en un momento crucial del proceso. Con la reanudación de la actividad judicial se espera que se resuelva la situación procesal de los imputados que fueron citados a declaración indagatoria.

El juez deberá optar entre el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento. Las decisiones alcanzarán, entre otros, a Spagnuolo; a su ex número dos en la ANDIS, Daniel Garbellini; y a los empresarios Pablo Atchabahián y Miguel Calvete, señalados por la fiscalía como jefes paraestatales del organismo.

La mayoría de los imputados se negó a declarar cuando fue citada a indagatoria, aunque luego presentó descargos por escrito. Las audiencias se fijaron tras un contundente dictamen presentado por el fiscal Picardi a principios de noviembre.

En ese documento, el fiscal sostuvo que los imputados “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos, que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacidad”. El dictamen detalla los roles que habría cumplido cada uno en las presuntas maniobras de alteración de los procesos de compra de medicamentos e insumos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Con el final de la feria judicial, la causa entra así en una etapa decisiva, tanto por las definiciones procesales que se esperan como por la incógnita sobre quién quedará finalmente al frente del juzgado que investiga uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno nacional.