Mientras avanza en los tribunales el escándalo por las coimas en la ANDIS, el Gobierno nacional inició una maniobra legal para evitar que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien estaba a punto de declarar inconstitucional el DNU que suspendió la norma luego de que el Congreso insistiera en su aprobación.
González Charvay había dado curso a un amparo colectivo presentado por familias y organizaciones del sector, que denuncian el ahogo financiero de escuelas especiales, centros terapéuticos, transportistas y entidades prestadoras, muchas de ellas al borde del cierre. La Emergencia contemplaba aumentos arancelarios y fondos específicos para evitar ese colapso.
Un argumento insólito
En su recusación, el Procurador pidió además declarar “abstracta” la causa. Su justificación fue llamativa: aseguró que los fondos para la Emergencia “ya están garantizados” en el Presupuesto 2026, pero no en el proyecto del oficialismo, sino en el dictamen de minoría presentado por la oposición. Es decir, defendió que el Estado no debe cumplir la ley hoy porque podría cumplirse con un dictamen que ni siquiera fue aprobado.
Cómo empezó el conflicto
El amparo fue impulsado por dos familias con hijos con TEA y luego acompañado por organizaciones como REDI, ACIJ y numerosas instituciones prestadoras. Todas reclamaron que el Decreto 681/2025, firmado por Guillermo Francos, suspendió en la práctica la Ley de Emergencia pese a haber sido sancionada por amplia mayoría. Ese DNU promulgó la norma pero la dejó “sin ejecución” por falta de fondos, un veto encubierto.
El juez rechazó sistemáticamente los intentos del Gobierno de frenar el expediente. Incluso ordenó publicar un edicto en el Boletín Oficial para sumar más familias afectadas, lo que anticipaba que se aproximaba a un fallo de fondo en favor del amparo.
La recusación que frena todo
Según fuentes judiciales, González Charvay estaba listo para dictaminar que el DNU era inconstitucional. Pero la recusación del Procurador lo apartó del caso. Ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín.
El argumento oficial para desplazarlo fue que el juez habría “prejuzgado” al señalar que la ley estaba suspendida, cuando simplemente citó textualmente lo que dice el propio decreto.
“Lo que busca el Ejecutivo es ganar tiempo, con argumentos que muestran su poco apego a la Constitución. El decreto es un veto del veto del veto”, cuestionó el abogado constitucionalista Diego Armesto, representante de las organizaciones.
Mientras tanto, solo un aumento insuficiente
A fines de octubre, el Gobierno anunció un incremento del 31% en los aranceles del sector, pagaderos en tres tramos hasta enero de 2026. Para los prestadores, se trata de un ajuste insuficiente que no compensa un año entero de congelamiento.
“El aumento no respeta la Ley 27.793”, advirtió el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Indicó que el atraso arancelario es “el doble o más” de lo otorgado y que numerosos centros cerraron durante el año por falta de financiamiento.
Lo paradójico es que el dictamen opositor del Presupuesto 2026 —el mismo que citó el Procurador— sí incorpora los fondos que la ley exige, mientras que el proyecto oficial los omite.
El contraste con la causa por las coimas
Organizaciones y familias denunciantes no dejaron pasar la contradicción: “Mientras la Justicia investiga cómo desviaron miles de millones destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y pruebas contundentes—, el Gobierno usa al Procurador para intentar frenar el reclamo de quienes solo pedimos que se cumpla la ley aprobada por el Congreso”, plantearon.
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