Martes 22 de septiembre de 2026

El exjefe de Gabinete y exvocero presidencial Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. En el escrito, atribuyó buena parte del crecimiento de su patrimonio a operaciones con Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública. Según su defensa, esas inversiones le habrían permitido transformar un capital inicial de unos 200 mil dólares en cerca de 600 mil.

 

En su columna en Cara y Ceca, el conductor Juan Pablo Arias cuestionó la explicación y calificó la presentación como “totalmente inverosímil”, al considerar que la argumentación de Adorni “no se puede tomar como seria y muchísimo menos como creíble”.

 

Arias puso el foco en el relato sobre el dinero obtenido con las criptomonedas y, particularmente, en la explicación acerca de cómo fueron conservados esos fondos. “Lo más increíble de todo es que dijo que vivió –esto lo dice textual su presentación– que vivió como si no los tuviese”, señaló el periodista. Según el planteo de Adorni, el dinero permaneció fuera del circuito financiero mientras él y su esposa mantuvieron su nivel de vida habitual.

 

Para Arias, el caso trasciende la situación patrimonial del exfuncionario y alcanza al discurso político con el que el gobierno de Javier Milei llegó al poder. “Lo de Manuel Adorni es un caso emblemático de un espacio político que llega al poder y se mantiene en el poder diciendo que son distintos a todo el resto”, sostuvo.

 

En ese sentido, el conductor vinculó el caso con las banderas de “anticasta” y “anticorrupción” utilizadas por el espacio libertario. “El problema que tiene el gobierno con Adorni es que Adorni era el vocero literal del relato libertario”, afirmó Arias, y consideró que las explicaciones presentadas ante la Justicia ponen en tensión ese discurso.

 

La Justicia deberá determinar ahora si los argumentos y la documentación aportada permiten justificar la evolución patrimonial investigada. El descargo de Adorni respondió a los requerimientos formulados por el fiscal federal Gerardo Pollicita y, según trascendió, incluyó documentación sobre las operaciones con criptomonedas y otros movimientos patrimoniales.