Domingo 25 de enero de 2026

El deterioro de la red vial nacional se convirtió en uno de los problemas de infraestructura más graves de la Argentina y ya tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial. Más del 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentra hoy en estado regular o directamente malo, con un nivel de peligro que los trabajadores del sector califican como “alto riesgo de siniestralidad”. Así lo advierte un informe elaborado por la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que señala el impacto del abandono del área por parte del Gobierno nacional y la falta de políticas de mantenimiento sostenidas.

Según el documento, la situación actual es el resultado de una combinación de factores: recortes presupuestarios, desvíos de fondos específicos, paralización de la obra pública, despidos masivos y una fuerte reducción de las tareas básicas de conservación. Todo esto se traduce en calzadas deterioradas, banquinas destruidas, señalización deficiente, falta de iluminación y puentes sin condiciones mínimas de seguridad. El deterioro, además, es progresivo y acumulativo: cuanto más se posterga el mantenimiento, mayor es el daño estructural y más costosa resulta luego la reparación.

Las últimas estadísticas oficiales disponibles corresponden al Informe Anual de Evaluación del Estado de Pavimentos 2023–2024, publicado en diciembre pasado. Sin embargo, ese relevamiento solo alcanzó al 48,1 por ciento de los casi 41 mil kilómetros que integran la Red Vial Nacional. Aun así, los números son elocuentes: apenas el 47,5 por ciento de las rutas evaluadas estaba en buen estado, mientras que el 23,9 por ciento se encontraba en estado regular y el 29 por ciento directamente malo. La clasificación se basa en el Índice de Estado (IE), que contempla deformaciones, fisuras, ahuellamientos y desprendimientos de la calzada.

A partir de esos datos oficiales y del seguimiento cotidiano que realizan los propios trabajadores en las rutas, Fepevina elaboró una proyección sobre la evolución del deterioro desde mediados de 2024 hasta la actualidad. La conclusión es alarmante: entre el 65 y el 70 por ciento de las rutas nacionales estaría hoy en estado regular o malo. “Desde el último informe oficial prácticamente no hubo mantenimiento. Las pocas tareas que se realizan son bacheos de baja calidad que duran pocos meses”, señalan desde el gremio.

El informe detalla la situación por regiones. En el centro y sur del país, la Ruta Nacional 33, que conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario, es uno de los casos más críticos: la base del asfalto cedió en varios tramos y los parches no resisten el tránsito pesado de la cosecha. La Ruta Nacional 151, clave para la actividad de Vaca Muerta, presenta baches de gran profundidad que obligan a circular por la banquina y requiere una reconstrucción total. En corredores patagónicos, como la Ruta 35, se registran superficies totalmente desgranadas y pérdida de áridos.

En el Litoral, la Ruta Nacional 121, que conecta con el puente internacional Santo Tomé–São Borja, sufre una falla estructural completa y ya no admite más bacheo. Las rutas 119 y 120, en Corrientes, combinan tránsito pesado, turismo y calzadas destruidas, lo que las convierte en verdaderos puntos críticos de seguridad vial. En Entre Ríos, los accesos a los puentes de Salto Grande y Fray Bentos muestran descalce de banquinas y agotamiento estructural, pese a ser corredores estratégicos para el turismo y la exportación.

La provincia de Buenos Aires, la más transitada del país, también muestra un cuadro preocupante. La paralización de obras clave agravó los riesgos en rutas como la Nacional 5, donde aumentaron los peajes sin mejoras visibles, y la Nacional 3, con obras detenidas y alta siniestralidad por choques frontales. La Ruta Nacional 7, por su parte, presenta tramos con desvíos peligrosos, baches profundos y falta de iluminación.

En el noroeste argentino, la Ruta Nacional 34 es catalogada como de “alto riesgo”. Las obras para convertirla en autovía quedaron inconclusas y el tránsito pesado generó un ahuellamiento profundo que eleva de manera significativa la probabilidad de siniestros graves.

Desde Fepevina explican que el deterioro vial también está directamente ligado al vaciamiento de Vialidad Nacional. El organismo pasó de 5.400 trabajadores a unos 4.800, con despidos en áreas clave de mantenimiento y salarios congelados desde hace más de un año. A esto se suma la falta de ejecución del presupuesto y el desvío de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse a la conservación de las rutas.

El impacto humano ya se hace sentir. Aunque los datos oficiales de siniestralidad están desactualizados por el debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los especialistas advierten que el mal estado de las rutas no solo incrementa la cantidad de accidentes, sino también su gravedad. Cada siniestro implica, además, un alto costo económico para el Estado: en promedio, más de 62 mil dólares por víctima fatal. Según el gremio, no invertir a tiempo multiplica los gastos futuros: por cada peso que no se destina al mantenimiento, luego habrá que gastar entre tres y cinco veces más en reconstrucción.

Mientras el Gobierno avanza con concesiones y aumentos de peajes en corredores de alto tránsito, gran parte de la red vial queda librada al abandono. Para los trabajadores de Vialidad, el resultado es claro: rutas cada vez más deterioradas, mayor riesgo de siniestros y una situación que, de no revertirse, seguirá cobrando vidas.

Fuente: Página 12.